Tener un hogar no puede ser un privilegio. Garantizarlo es una obligación pública
Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, en colaboración con la Comisión de Vivienda, expresamos nuestra preocupación ante una crisis de vivienda que impide a cada vez más personas y familias desarrollar su vida con seguridad. Los alquileres inasumibles, los desahucios y la falta de alternativas habitacionales no son situaciones aisladas: son la consecuencia de unas políticas públicas insuficientes para garantizar un derecho esencial.
En nuestra práctica profesional conocemos el impacto de la inseguridad residencial en la salud, la convivencia, la infancia y las posibilidades de construir un proyecto de vida. Cuando una persona no puede acceder a una vivienda o teme perderla, también se ven comprometidos otros derechos. Esta realidad exige respuestas estructurales y no puede seguir recayendo únicamente en las familias ni en los servicios sociales.
Reclamamos a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad: ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda, garantizar alquileres asequibles, prevenir los desahucios sin alternativa habitacional y ofrecer respuestas eficaces a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estas medidas deben atender tanto a las ciudades como a los municipios rurales e incorporar equipos de Trabajo Social especializados en vivienda.
La vivienda debe cumplir su función social. Garantizar un hogar digno exige decisiones públicas, recursos y voluntad política. Desde el Trabajo Social seguiremos defendiendo ese derecho y reclamando que se haga efectivo.
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