El Consejo Andaluz de Trabajo Social recuerda la obligación de los poderes públicos de garantizar la protección y los derechos de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género

Más de dos décadas después de su aprobación, la Ley Orgánica 1/2004 continúa siendo el principal instrumento para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y niños frente a la violencia de género. Junto con el Convenio de Estambul, constituye uno de los pilares del sistema de protección de los derechos de las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Su desarrollo y aplicación exigen que las administraciones públicas refuercen los recursos especializados y preserven la autonomía técnica de los equipos profesionales que intervienen en ellos. Cualquier modificación organizativa debe perseguir exclusivamente la mejora de la atención y el fortalecimiento de las garantías del sistema, nunca generar incertidumbre sobre su independencia o su capacidad de protección.

Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género desempeñan una función esencial en ese sistema de garantías. Sus informes especializados contribuyen a la adopción de decisiones judiciales que afectan directamente a la seguridad, la protección y los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos. Para ello resulta imprescindible que estos equipos multidisciplinares puedan desarrollar su labor con plena independencia técnica, objetividad y rigor profesional.

Las trabajadoras y los trabajadores sociales forman parte de estos equipos aportando una valoración integral de la realidad social, familiar y comunitaria de las víctimas. Su intervención se fundamenta en el conocimiento científico, la evidencia profesional, la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y los principios éticos que rigen la profesión. La independencia de su criterio profesional constituye una garantía para las personas atendidas y para el correcto funcionamiento del sistema de protección.

Quienes ejercen responsabilidades de gobierno tienen la obligación de actuar como garantes de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de velar por el cumplimiento efectivo del marco jurídico vigente, tanto nacional como internacional. La protección de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género no puede quedar condicionada por intereses coyunturales o planteamientos ideológicos, sino que debe sustentarse en el respeto a la legalidad, a los compromisos asumidos por España a través del Convenio de Estambul, a la evidencia técnica y al compromiso inequívoco con los derechos humanos.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social recordamos que los poderes públicos tienen el deber de avanzar en la consolidación de los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y por los tratados internacionales ratificados por España, evitando cualquier retroceso en los sistemas de protección. Reforzar los recursos especializados, preservar la independencia técnica de las y los profesionales y mantener la confianza de las víctimas en las instituciones constituye una responsabilidad democrática irrenunciable.

Asimismo, trasladamos nuestro reconocimiento y apoyo a todas las trabajadoras y trabajadores sociales, así como al resto de profesionales que intervienen en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, por la labor que desempeñan diariamente en defensa de los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas.

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social continuará defendiendo unas políticas públicas basadas en la evidencia, el conocimiento científico, la igualdad y el pleno respeto a los derechos humanos. Como corporación de derecho público, seguiremos ejerciendo nuestra responsabilidad de velar por una intervención profesional independiente y por unos servicios públicos que garanticen una protección efectiva a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género.