Apoyo del Consejo Andaluz de Trabajo Social a la huelga general del 11 de noviembre

Nos fundamentamos en nuestra responsabilidad de representar y defender los intereses generales de la profesión, promover su dignificación social y colaborar con las instituciones y los poderes públicos andaluces en iniciativas que favorezcan la participación de las personas, grupos y comunidades en la transformación de su realidad y en la profundización de sus derechos.

Desde este marco, respaldamos las demandas de acceso a una vivienda digna, fortalecimiento de los servicios públicos y mejora de las condiciones laborales y económicas que permiten desarrollar una vida autónoma y participar plenamente en la sociedad. Estas reivindicaciones están estrechamente relacionadas con las situaciones que abordamos desde el Trabajo Social y con las condiciones en las que ejercemos nuestra profesión.

La vivienda constituye una condición esencial para la seguridad, la convivencia y el desarrollo de los proyectos de vida. Las dificultades para acceder a ella o mantenerla comprometen la estabilidad de las personas y las familias y pueden desencadenar procesos de exclusión residencial y empobrecimiento. Por ello, defendemos políticas públicas que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible y que ofrezcan respuestas preventivas y coordinadas ante la pérdida del hogar.

Respaldamos la defensa de unos servicios públicos accesibles, de calidad y dotados de recursos suficientes. Los servicios sociales, la sanidad, la educación y la atención a la dependencia desempeñan un papel esencial en la prevención de las desigualdades y en la garantía de derechos. Su fortalecimiento requiere financiación adecuada, equipos profesionales suficientes y estabilidad en la atención, para responder a las necesidades de la población con continuidad y equidad.

La calidad de estos servicios también está vinculada a las condiciones en las que trabajan quienes los sostienen. En el ámbito del Trabajo Social, defender unas condiciones profesionales dignas permite proteger la autonomía técnica, desarrollar una intervención rigurosa y ofrecer una atención de calidad. La sobrecarga y la precariedad dificultan el acompañamiento que necesitan las personas y las comunidades.

Del mismo modo, disponer de un empleo debe permitir afrontar las necesidades cotidianas y desarrollar un proyecto de vida autónomo. Los salarios insuficientes y la inestabilidad laboral pueden mantener situaciones de pobreza incluso entre quienes trabajan. Desde nuestra perspectiva profesional, la vivienda, los ingresos y el empleo son factores interrelacionados que deben abordarse mediante políticas coherentes de prevención de la pobreza y la exclusión social.

Este posicionamiento comparte la preocupación expresada por el Consejo General del Trabajo Social respecto a las consecuencias sociales de las dificultades de acceso a la vivienda y de la insuficiencia de ingresos.

Instamos a las administraciones competentes a impulsar respuestas que garanticen el acceso efectivo a los derechos, refuercen los servicios públicos y atiendan las causas estructurales de la desigualdad. El Consejo Andaluz de Trabajo Social reafirma su disposición a contribuir a este objetivo mediante la interlocución institucional, la elaboración de propuestas y la aportación del conocimiento profesional.

Desde nuestras competencias y responsabilidades, respaldamos estas reivindicaciones y animamos a la colegiación andaluza a sumarse a la huelga general del próximo 11 de noviembre. La defensa de unas condiciones de vida dignas y de unos servicios públicos sólidos forma parte del compromiso del Trabajo Social.